El paro es una herramienta legítima de la clase trabajadora y forma parte del derecho constitucional a la protesta. Cuando un gremio llega a esta medida, no lo hacen por capricho: lo hacen porque el diálogo con el Gobierno y las empresas se cerró y no hubo respuestas a reclamos urgentes.

En este contexto, es fundamental comprender que el trabajador no es responsable de no poder llegar a su lugar de trabajo. La interrupción del transporte público constituye una causa ajena a su voluntad y está contemplada dentro del principio de que el empleador asume el riesgo de la actividad.

Derechos del trabajador durante un paro de transporte 

Cuando el transporte público se detiene, el trabajador queda imposibilitado de llegar a su puesto. 

Esa imposibilidad:

  • no es voluntaria,

  • no es negligente,

  • no es sancionable,

  • y no puede generar descuentos injustificados.

Causa ajena a la voluntad del trabajador

La doctrina laboral y la jurisprudencia coinciden en que el trabajador no puede ser responsabilizado por hechos externos que impiden su presencia física en el lugar de trabajo.

Esto incluye:

  • paros de transporte,

  • cortes de ruta,

  • interrupciones del servicio por motivos técnicos,

  • emergencias que afecten la movilidad.

En un paro de transporte, las empresas tienen la responsabilidad de garantizar que sus empleados puedan cumplir con su jornada, porque el riesgo empresario no puede trasladarse al trabajador.

Medidas que deben tomar las empresas

Las alternativas razonables incluyen:

   - ofrecer medios de traslado alternativos,

   - reorganizar horarios de ingreso y salida,

   - permitir modalidades de trabajo remoto cuando sea posible,

   - reconocer los gastos extraordinarios de movilidad que el trabajador haya debido afrontar.